Por Maria Lucia Fattorelli
Grecia se enfrenta a un enorme
problema de deuda y a una crisis humanitaria. La situación es ahora
mucho peor que en 2010, cuando la Troika –el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE)– impuso su
“plan de rescate”, justificándolo en la necesidad de apoyar a Grecia. En realidad,
dicho plan ha sido un completo desastre para Grecia, la cual no ha se
beneficiado en absoluto de los acuerdos especiales de la deuda aplicados desde
entonces.
De lo que casi nadie habla es de
otro plan de rescate que también se desarrolló en 2010 y que ha sido todo un
éxito, aunque no para Grecia, sino para la banca privada. Detrás de la
crisis griega hay un gigantesco plan de rescate ilegal de los bancos privados.
Y la manera en que ese plan está siendo ejecutado supone un riesgo inmenso para
Europa.
Después de cinco años los bancos
han conseguido todo lo que querían. Grecia, en cambio, se ha visto abocada a
una verdadera tragedia: el país ha profundizado su problema de deuda, ha
perdido activos estatales a medida que se aceleraba el proceso de privatización,
y ha visto cómo su economía se contraía drásticamente. Pero sobre todo, el
rescate bancario ha tenido un inconmensurable coste social, representado en la
vida de miles de personas desesperadas cuyos medios de vida y expectativas han
sido destruidos por las severas medidas de austeridad aplicadas desde 2010. La
sanidad, la educación, el trabajo, la asistencia, las pensiones, los salarios y
todos los servicios sociales se han visto afectados peligrosamente.
La distribución de los
Presupuestos Nacionales de Grecia muestra que los gastos de la deuda predominan
sobre todos los demás gastos del Estado. De hecho, los préstamos, otras
obligaciones de la deuda, los intereses y otros costes suponen el 56% de los
Presupuestos:
En mayo de 2010, mientras toda la
atención se centraba en los numerosos anuncios sobre la intervención de la Troika
en Grecia con su plan especial “de rescate”, se aprobaba otro plan de rescate
efectivo y un conjunto de medidas ilegales para salvar a los bancos privados,
pero a estos últimos nadie les prestó atención.
En un solo movimiento,
justificado por la necesidad de “preservar la estabilidad financiera en
Europa”, en mayo de 2010 se tomaron medidas ilegales para proveer los
mecanismos que permitirían a los bancos privados deshacerse de la peligrosa
“burbuja”, es decir, la gran cantidad de activos tóxicos –principalmente
activos desmaterializados y no negociables– que se acumulaban en sus cuentas
fuera de balance [2]. El objetivo principal era ayudar a la banca privada a
transferir esos activos problemáticos a los países europeos.
Una de las medidas adoptadas para
acelerar el trasvase de los activos de los bancos privados y resolver la crisis
bancaria fue el programa para mercados de valores SMP [3], que permitió al
Banco Central Europeo (BCE) comprar directamente títulos de deuda pública y
privada en los mercados primario y secundario. La operación relacionada con los
títulos de deuda pública es ilegal de acuerdo al Artículo 123
del tratado [4] de la UE. Este programa es una de las varias “medidas
no-estándar” que desplegó entonces el BCE.
La creación de una sociedad
instrumental o “vehículo con fines especiales” (SPV, por sus siglas en inglés)
con sede en Luxemburgo fue otra medida muy importante para ayudar a transferir
activos tóxicos desmaterializados de los bancos privados al sector público.
Aunque resulte difícil creerlo, los países europeos [5] se convirtieron en
“socios” de esta sociedad no cotizada, una “sociedad anónima” llamada Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) [6]. Los
países acordaron garantías multimillonarias por un monto inicial de 440.000
millones de euros [7], que en 2011 se elevó hasta los 779.780 millones de euros
[8]. El verdadero propósito de esta sociedad se ha ocultado anunciando que
concedería “préstamos” a los países utilizando nuevos “instrumentos de
financiación”, no dinero real. La creación del EFSF fue una imposición del FMI
[9], que lo respaldó con 250.000 millones de euros [10].
Juntos, el SMP y el EFSF
representan un plan de rescate de activos complementario fundamental [11], que
los bancos privados necesitaban para rematar el respaldo público que han
recibido desde el comienzo de la crisis bancaria de 2008 en Estados Unidos y
también en Europa. Desde principios de 2009 habían estado solicitando más apoyo
público para deshacerse de la enorme cantidad de activos tóxicos que aparecían
en las partidas fuera de balance. La solución solo podía ser la compra directa
por parte de los Gobiernos, o la transferencia de activos a compañías de
gestión de activos independientes. El SMP y el EFSF proporcionaron las
herramientas para realizar esas operaciones, y las pérdidas asociadas a los
activos tóxicos se han repartido entre los ciudadanos europeos.
El traspaso de activos tóxicos de
los bancos privados a una sociedad mediante una simple transferencia, sin
liquidación ni una adecuada operación de compra/venta sería ilegal según
las normas sobre rendición de cuentas. Eurostat cambió esas normas [12] y
permitió “operaciones de liquidez a través del intercambio de activos”,
justificando el cambio en “las circunstancias específicas de la inestabilidad
financiera”.
La razón principal de que el EFSF
se estableciera en Luxemburgo fue para no tener que someterse a las leyes
internacionales. Además, el EFSF también está financiado por el FMI, cuya
colaboración sería ilegal, de acuerdo a sus propios estatutos. Sin
embargo, el FMI también modificó sus normas para poder proporcionar esos
250.000 millones de euros al EFSF [13].
Según la Ley [14] que autorizaba
su creación, la sociedad luxemburguesa EFSF podía delegar la gestión de todas
las actividades de financiación; su consejo directivo podía delegar sus
funciones, y sus Estados miembro asociados podían delegar las decisiones
concernientes a los garantes en el Grupo de Trabajo del Eurogrupo (EWG, por sus
siglas en inglés). En ese momento el EWG ni siquiera tenía un presidente a
tiempo completo [15]. Quien realmente gestiona el EFSF es la Oficina de Gestión
de la Deuda Alemana [16], y, junto con el Banco Europeo de Inversiones, ofrece
apoyo para la gestión operativa del EFSF. Su falta de legitimidad es evidente,
dado que realmente está gestionada por un organismo diferente. En estos
momentos el EFSF es el mayor acreedor de Grecia.
Los instrumentos de financiación
que gestiona el EFSF son los más arriesgados y restringidos, desmaterializados,
no negociables, como obligaciones con interés variable (FRN, por sus siglas en
inglés) pagadas como transferencias, acuerdos de divisas y acuerdos de
cobertura, y otras actividades de cofinanciación que tienen al síndico
británico Wilmington Trust (London) Limited [17] como instructor para emitir un
tipo restringido de bonos no certificados, que no pueden ser comercializados en
ningún mercado de valores legítimo, ya que no cumplen las normas para los bonos
de deuda soberana. Este conjunto de instrumentos de financiación tóxicos supone
un riesgo para los Estados miembro, cuyas garantías nacionales pueden ser
exigidas para reembolsar todos los productos financieros de la sociedad
luxemburguesa.
En 2010 habría habido un
escándalo de grandes proporciones si estos mecanismos ilegales hubieran salido
a la luz: la violación del tratado de la UE, los cambios arbitrarios en las
normas de procedimiento por parte del BCE, Eurostat y el FMI, así como la participación
de Estados miembro en una sociedad luxemburguesa con fines especiales. Todo eso
para rescatar a los bancos privados a costa de un riesgo sistémico para toda
Europa debido a las garantías multimillonarias que habían acordado los Estados
para cubrir los problemáticos activos tóxicos desmaterializados y no
negociables.
El escándalo nunca se produjo
porque en la misma sesión extraordinaria del Consejo de Asuntos Económicos y
Financieros de la Unión Europea de mayo de 2010 [18], en la que se discutió la creación
de la sociedad “vehículo con fines especiales” EFSF, también se dio especial
importancia al “paquete de apoyo a Grecia” para que pudiera parecer que ese
mecanismo se creaba para Grecia y que con ello se aseguraba la estabilidad
financiera de la región. Desde entonces Grecia ha concentrado toda la atención,
apareciendo constantemente en los titulares de los principales medios de
comunicación del mundo, mientras que el mecanismo ilegal que ha sostenido de
forma eficaz y beneficiado a los bancos privados permanece en la sombra y casi
nadie habla de él.
El informe anual del Banco de
Grecia muestra un incremento gigantesco de las partidas “fuera de balance”
relacionadas con títulos en 2009 y 2010, en cantidades muy superiores a los
activos totales del Banco, y este patrón continúa en los años siguientes. Por
ejemplo, en la hoja de balance de 2010 del Banco de Grecia [19] los activos
totales a 31/12/2010 eran de 138.640 millones de euros. Las partidas no
incluidas en el balance de ese año alcanzaban 204.880 millones de euros. Un año
después, a 31/12/2011 [20] los activos del balance total sumaban 168.440
millones de euros, mientras que las partidas fuera de balance se elevaban a
279.580 millones de euros.
Por lo tanto, la transferencia de
activos tóxicos de los bancos privados al sector público ha sido un éxito
rotundo: para los bancos privados. Y el sistema de deuda [21] esta siendo la
herramienta para ocultarlo.
Grecia fue arrastrada a este
escenario después de varios meses de continua presión por parte de la Comisión
Europea alegando inconsistencias en los datos estadísticos y la existencia de
un déficit excesivo [22]. Paso a paso se fue creando un problema sobre esos
asuntos, hasta llegar a mayo de 2010, cuando el Consejo de Asuntos Económicos y
Financieros afirmó: “En la estela de crisis en Grecia, la situación en los
mercados financieros es frágil y existía un riesgo de contagio” [23]. Y por eso
Grecia fue sometida a un paquete que incluía la intervención de la Troika con
severas medidas en virtud de los planes de ajuste anuales, un extraño acuerdo
bilateral seguido de los “prestamos” del EFSF respaldados con instrumentos
financieros arriesgados.
Economistas griegos, líderes
políticos e incluso algunas autoridades del FMI habían sugerido que
reestructurar la deuda griega tendría mucho mejores resultados que ese paquete.
Esto se ignoró.
Las denuncias críticas de la
sobrestimación del déficit griego –que había servido para justificar la
creación del problema en torno a Grecia y la imposición del paquete en 2010–
fueron igualmente ignoradas.
Las serias denuncias realizadas
por los especialistas griegos [24] sobre la falsificación de las estadísticas
también se pasaron por alto. Esos estudios mostraron que 27.990 millones de
euros inflaron las estadísticas de deuda pública en 2009 [25], debido al falso
incremento en ciertas categorías (como DEKO, atrasos en los pagos de los
hospitales y SWAP Goldman Sachs). Las estadísticas de los años anteriores
también se habían visto afectadas por 21.000 millones de euros de contratos de
canje con Goldman Sachs repartidos ad hoc entre 2006, 2007,
2008 y 2009.
A pesar de todo esto, en una
atmósfera de urgencia y riesgo de “contagio”, desde 2010 se han puesto en
marcha extraños acuerdos, no como una iniciativa de Grecia sino como mandan las
autoridades de la UE y el FMI, los cuales dependen del cumplimiento de un
conjunto de medidas económicas, sociales y políticas perjudiciales impuestas
por los memorandos.
El análisis de los mecanismos
[26] introducidos en esos acuerdos demuestra que no beneficiaron a Grecia en
absoluto, sino que sirvieron a los intereses de los bancos privados, en
perfecta sintonía con el conjunto de medidas de rescate financiero ilegales
aprobadas en mayo de 2010.
En primer lugar, el préstamo
bilateral utilizó una cuenta especial del BCE a través de la cual los préstamos
desembolsados por los países y el Banco Alemán de Desarrollo, es decir los
prestamistas, irían directamente a los bancos privados poseedores de los
títulos de deuda existentes con un valor muy por debajo de la paridad . De
manera que, ese extraño acuerdo bilateral se hizo para asegurar el pago
completo a los titulares de bonos pero Grecia no obtuvo ningún beneficio. En
vez de eso, los griegos tendrán que devolver el capital, elevadas tasas de
interés y todos los costes.
Segundo, los “préstamos” del EFSF
supusieron la recapitalización de los bancos privados griegos y el intercambio
y reciclaje de instrumentos de deuda. Grecia no ha recibido ningún préstamo o
apoyo real del EFSF. A través de los mecanismos introducidos en los acuerdos
del EFSF, el dinero real nunca llegó a Grecia, solo los activos tóxicos
desmaterializados que llenaron el apartado fuera de balance de la hoja de
balance del Banco de Grecia. Por otro lado, el país fue forzado a recortar
gastos sociales esenciales para devolver, en efectivo, las altas tasas de
interés y los costes abusivos, y también tendrá que rembolsar el capital que
nunca recibió.
Debemos buscar la razón por la
que se ha elegido a Grecia para situarla en el ojo de la tormenta y se la ha
sometido a acuerdos y memorandos ilegales e ilegítimos, sirviendo como telón
para cubrir el escandaloso rescate ilegal de los bancos privados desde 2010.
A lo mejor esta humillación tiene
que ver con el hecho de que Grecia ha sido históricamente la referencia mundial
de la humanidad, por ser la cuna de la democracia, el símbolo de la ética y los
derechos humanos. El sistema de deuda no puede permitir esos valores, como
tampoco tiene escrúpulos en perjudicar a países y pueblos para obtener
beneficios.
El Parlamento griego ya ha
establecido la Comisión para la Verdad sobre la Deuda Griega y nos ha dado la
oportunidad de revelar estos hechos; por eso es necesario repudiar el sistema
de deuda que subyuga no solo a Grecia, sino también a muchos otros países que
están siendo explotados por el sector financiero privado. Solo con
transparencia los países derrotarán a aquellos que quieren ponerlos de
rodillas.
Es hora de que prevalezca la
verdad, es hora de colocar los derechos humanos, la democracia y la ética por
encima de cualquier interés menor. Esta es la tarea que tiene que asumir Grecia
en este momento.
NOTAS
[2] Fuera de balance [off-balance]
indica una sección que no está incluida en las cuentas de balance normales
donde se anotan los activos problemáticos, como los activos desmaterializados y
no negociables.
[5] Estados miembro de la zona
euro o accionistas del EFSF: Reino de Bélgica, República Federal Alemana,
Irlanda, Reino de España, República Francesa, República Italiana, República de
Chipre, Gran Ducado de Luxemburgo, República de Malta, Reino de los Países
bajos, República de Austria, República Portuguesa, República de Eslovenia,
República Eslovaca, República de Finlandia y República Helena.
[9] Declaración del Sr.
Panagiotis Roumeliotis, ex representante de Grecia ante el FMI, ante la
Comisión para la Verdad sobre la Deuda Griega en el Parlamento griego, el 15 de
junio de 2015.
[11] Van Riet (2010). Citado en: Haan, Jacob de;
Ossterloo, Sander; Schoenmaker, Dirk (2012). Financial Markets and
Institutions – A European Perspective . 2.ed. Cambridge (Reino Unido):
Cambridge University Press, p.62.
[13] “La mayoría de los directores
[…] pidieron al Fondo que colaborara con otras instituciones, como el Banco de
Pagos Internacionales, el Consejo de Estabilidad Financiera y las autoridades
nacionales, para alcanzar este objetivo”. En FMI (2013). Selección de
decisiones , p. 72. Disponible en inglés en:http://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/2013/123113.pdf [
Acceso: 4 de junio de 2015].
[14] Ley del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera 2010. Acuerdo Marco del EFSF, artículo 12 (1) a, b, c, d
y (3); artículo10 (1), (2) y (3); artículo 12 (4); y artículo 10 (8).
[17] Acuerdo de Cofinanciación
(2012). Preámbulo (A) y Artículo 1 – Definiciones e Interpretación
“Bonos” . Disponible en inglés en: http://crisisobs.gr/wp-content/uploads/2012/02/7-co-financing-agreement.pdf [Acceso:
4 de junio de 2015]. Estos bonos se emiten en formato no certificado y
desmaterializado. Tienen muchas restricciones porque se emiten directamente para
un fin específico y no se comercializan, como determinan las leyes de valores y
las normas SEC. Son emitidos bajo una norma de excepción solo aplicable a los
emisores privados, no a los Estados.
[21] Expresión acuñada por la
autora después de comprobar, a través de varios procedimientos de auditoría de
deuda en diferentes instancias, el uso incorrecto del instrumento de la deuda
pública como una herramienta para obtener recursos de los Estados, en vez de
apoyarlos, al funcionar como un engranaje que relaciona el sistema legal, el
modelo económico basado en los planes de ajuste, los grandes medios y la
corrupción.
[24] Contribución de la profesora
Zoe Georganta, profesora de Econometría Aplicada y Productividad, ex miembro
del servicio estadístico griego, ELSTAT, a la Comisión para la Verdad sobre la
Deuda Griega , 21 de mayo de 2015.
Maria Lucia Fattorelli.
Coordinadora nacional de la organización “Auditoría de la Deuda Ciudadana” en
Brasil (www.auditoriacidada.org.br), invitada
por la presidenta del Parlamento griego, Zoe Konstantopoulou, a colaborar con
la Comisión para la Verdad sobre la Deuda Griega creada el 4 de abril de 2015.
